La segunda y tercera revisiones combinadas del programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejaron un elemento poco habitual en este tipo de documentos: un capítulo dedicado a los activos digitales. Según el comunicado oficial del organismo, publicado el 3 de septiembre de 2026, las partes acordaron medidas para modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales y para reforzar la gobernanza de las tenencias de criptoactivos del sector público.
El anuncio es un acuerdo a nivel de personal técnico, no una decisión firme: requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y el cumplimiento de medidas previas. De aprobarse, habilitaría un desembolso cercano a USD 140 millones (DEG 101,96 millones).
Un acuerdo técnico con contenido regulatorio
El programa vigente es un Servicio Ampliado del FMI (SAF) de 40 meses. En la declaración de fin de misión, el jefe de misión para El Salvador, el señor Torres, enumera los entendimientos alcanzados en materia fiscal, financiera, de transparencia y de activos digitales. Estos últimos aparecen agrupados en dos líneas de trabajo distintas, y conviene separarlas porque no significan lo mismo.
Marco legal, regulatorio y de supervisión
La primera línea apunta al sector en su conjunto: modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales. El comunicado enuncia el compromiso sin desglosarlo. No menciona qué normas se reformarían, qué entidad ejercería la supervisión, qué actividades quedarían alcanzadas ni con qué calendario. Cualquier lectura sobre licencias, requisitos de capital o regímenes de custodia sería, hoy, una extrapolación que el documento no sostiene.
Gobernanza y gestión de riesgos de los criptoactivos públicos
La segunda línea es más acotada y apunta al balance del Estado: fortalecer los mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos aplicables a las tenencias de criptoactivos del sector público. Es la parte del acuerdo que trata al Bitcoin en manos estatales como un activo que debe estar sujeto a controles internos, no como una posición política.
A esto se suma un objetivo de transparencia: el FMI señala que continúan los esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias de Bitcoin en las distintas billeteras.
Qué ocurre con Chivo
El comunicado describe un cambio de estructura en la billetera estatal. La participación pública en Chivo se redujo sustancialmente: la propiedad mayoritaria y el control operativo pasaron a un operador privado, mientras que el gobierno mantuvo una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes.
Ese reparto es relevante desde el punto de vista del riesgo. La gestión del servicio queda en manos privadas, pero la obligación de custodia frente a los usuarios permanece en el sector público. El FMI no identifica al operador ni cuantifica la participación estatal remanente.
La explicación del FMI sobre la acumulación de BTC
Sobre el punto que más atención mediática concentra, el organismo es breve. En la versión en español del comunicado: “La acumulación de Bitcoin desde la primera revisión refleja donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos”. La versión en inglés precisa además que se entregó documentación que verifica ese origen.
El comunicado agrega una condición hacia adelante: no se prevé una acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas. En el resumen del documento, el FMI lo sintetiza indicando que no se han utilizado recursos públicos para la acumulación de Bitcoin.
Situación económica y financiamiento del programa
El contexto macroeconómico que acompaña estas decisiones es favorable, según el propio organismo. El crecimiento del PIB real superó las expectativas en 2025 y se espera que llegue a 4,5 % en 2026, apoyado en la inversión y el consumo privados y en flujos robustos de remesas, turismo y capital. El FMI vincula ese desempeño a mejoras en seguridad y a una mayor confianza de los inversionistas, y afirma que el programa contribuye a una reducción significativa de la pobreza.
En el plano fiscal, el superávit primario del Sector Público No Financiero pasaría de 2,9 % del PIB este año a 3,7 % del PIB en 2027, en línea con el objetivo de la Ley de Responsabilidad Fiscal de llevar la deuda pública al 80 % del PIB en 2030. También se prevén una reforma paramétrica de pensiones el próximo año, una reforma del servicio civil y mejoras al marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, junto con la publicación de declaraciones patrimoniales de altos funcionarios.
Las cifras del financiamiento
- Servicio Ampliado aprobado el 26 de febrero de 2025 por el Directorio Ejecutivo del FMI.
- Acceso total: DEG 1.033,92 millones, unos USD 1.400 millones, equivalentes al 360 % de la cuota.
- Primera revisión concluida el 27 de junio de 2025.
- Desembolsado hasta la fecha: DEG 172,32 millones.
- Desembolso pendiente de aprobación en esta etapa: aproximadamente USD 140 millones (DEG 101,96 millones).
Qué puede significar esta etapa para el ecosistema salvadoreño
Con la información disponible, lo que el comunicado permite afirmar es limitado pero concreto: existe un compromiso de política para revisar el marco regulatorio y de supervisión de los activos digitales, y existe un compromiso paralelo para ordenar la gobernanza de los criptoactivos que están en manos del Estado. Ambos figuran entre los entendimientos de un programa con condicionalidad, lo que significa que su avance será evaluado en revisiones futuras.
Lo que el documento no permite afirmar es igual de importante. No hay un texto normativo publicado, no hay plazos, no hay una descripción del régimen que sustituiría o complementaría al vigente, y no hay pronunciamiento sobre cómo afectaría a proveedores de servicios de activos digitales que operan en el país. Hasta que aparezca el informe del personal técnico y la decisión del Directorio, cualquier evaluación de impacto para el mercado es prematura.
Para la región, el caso mantiene su valor de referencia. La República Dominicana atraviesa su propia discusión sobre cómo encuadrar los criptoactivos: ya existen normas dispersas que los alcanzan, pero no una ley sectorial, y el recorrido legislativo sobre activos digitales entre 2023 y 2026 muestra un proceso todavía abierto. El expediente salvadoreño ofrece un antecedente sobre cómo un organismo multilateral traduce estas materias a compromisos de programa.
Fuente: Comunicado de prensa n.º 26/285 del Fondo Monetario Internacional, 3 de septiembre de 2026.
Imagen: sello institucional del Fondo Monetario Internacional (FMI), tomado de la publicación oficial citada. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
